La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) exigió la excarcelación inmediata de los manifestantes detenidos durante las protestas contra las políticas del presidente Daniel Noboa, y advirtió sobre el riesgo que enfrentan quienes fueron trasladados a centros penitenciarios señalados por su alta peligrosidad.

Las movilizaciones actuales remiten a episodios previos de resistencia encabezados por el movimiento indígena en 2019 y 2022, cuando medidas similares de eliminación de subsidios fueron revertidas tras intensas jornadas de protesta. En ambas ocasiones, las políticas de ajuste respondían a compromisos adoptados por el Estado ecuatoriano con el Fondo Monetario Internacional en el marco de programas de financiamiento.

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En un comunicado difundido públicamente, la Conaie responsabilizó al Ejecutivo por las condiciones en las que se encuentran al menos diez personas a quienes se les dictó prisión preventiva tras ser imputadas por cargos de presunto terrorismo. Según la organización, estos ciudadanos han sido enviados a las cárceles de Portoviejo y Machala, esta última escenario, el mismo jueves, de una masacre que dejó 17 reclusos asesinados.

La organización indígena, que agrupa a 14 nacionalidades y 18 pueblos originarios de Ecuador, advirtió además sobre la posible responsabilidad del Estado ecuatoriano ante organismos internacionales por no garantizar la seguridad en los centros penitenciarios. «Estos hechos comprometen al Estado por incumplir su deber de protección a las personas privadas de libertad», señaló el documento.

De acuerdo con cifras oficiales del Ministerio del Interior, 85 personas han sido detenidas desde el inicio de las protestas, que comenzaron el lunes. Las manifestaciones surgieron como respuesta a la decisión del Gobierno de eliminar la subvención al diésel, medida que provocó un aumento inmediato del precio del combustible de 1.80 a 2.80 dólares por galón.

En el contexto de estas movilizaciones, la provincia de Imbabura se convirtió en uno de los principales focos de protesta. En Otavalo, cientos de manifestantes ingresaron a un cuartel policial, dañaron su infraestructura y quemaron vehículos oficiales y particulares. En esa provincia, un juez acogió el pedido de la Fiscalía y ordenó prisión preventiva para 12 personas acusadas de terrorismo.

También el jueves, comunidades de la provincia amazónica de Napo se sumaron a las protestas, ampliando el alcance del paro nacional convocado por la Conaie. La dirigencia indígena aseguró que las movilizaciones continuarán de forma progresiva e hizo un llamado a otros sectores sociales a sumarse a las acciones.

El presidente de la Conaie, Marlon Vargas, denunció que el Gobierno busca debilitar la unidad del movimiento indígena mediante la entrega de bonos y ayudas focalizadas en las zonas donde se concentran las manifestaciones. En declaraciones publicadas en redes sociales, señaló: “El Gobierno intenta dividir a las organizaciones con dádivas. Nuestra lucha es legítima y no se detendrá ante las maniobras del poder”.

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